El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presenta el anteproyecto de ley “Prevención, atención y sanción de la violencia escolar” a la Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marianela Paco Durán.
- El anteproyecto de ley “Prevención, atención y sanción de la violencia escolar” fue presentado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por el titular de la Defensoría del Pueblo a nombre de la Mesa “Por el derecho a una vida escolar sin violencia” que agrupa a más de 20 organizaciones, entre ellas el PADEP/GTZ.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, a nombre de la Mesa “Por el derecho a una vida escolar sin violencia”, presentó este jueves 2 de diciembre el anteproyecto de ley “Prevención, atención y sanción de la violencia escolar” a la Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marianela Paco Durán, a fin de fortalecer la escuela como un espacio privilegiado para el aprendizaje y la enseñanza de la cultura de paz y la justicia social.
Tras la verificación del quórum necesario de los miembros por parte de la Secretaria de la Comisión se instaló la 141 sesión presidida por la diputada Marianela Paco Durán para tratar el orden del día en el hemiciclo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con la presencia de los diputados Patricia Mantilla Martínez, Ana Mendoza Durán, Flora Aguilar Fernández, Aiza Luna Zeballos, y Herbert Salvatierra Becerra.
También estuvieron presentes María del Pilar Chávez, Representante del Despacho del Ministerio de Educación, María Oviedo, de Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, un representante de UNICEF, entre otras autoridades.
Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que el anteproyecto de ley tiene la finalidad de prevenir y atender las situaciones de violencia, maltrato y acoso escolar dentro del sistema educativo para que la escuela sea un espacio seguro y de convivencia en el marco de la riqueza de la interculturalidad.
“La Mesa ‘Por el derecho a una vida escolar sin violencia’ promovió en el proceso dialogado y consensuado el anteproyecto de ley para la prevención, atención y sanción de la violencia escolar’ con el firme convencimiento de que es necesario como importante fortalecer la escuela como un espacio privilegiado de aprendizaje junto a la familia y otros espacios como la comunidad educativa para despertar vocaciones orientadas al servicio de líderes democráticos y comunitarios, aptos para el aprendizaje y la enseñanza de la cultura de paz”, explicó.
Dijo que la Mesa “Por el derecho a una vida escolar sin violencia” es de carácter intersectorial e interinstitucional. Se constituye en una instancia promotora de sensibilización y comunicación, y facilitadora de procesos de incidencia política que contribuyen a erradicar la violencia en la escuela y a promover procesos de una cultura de paz y justicia social.
La Mesa “Por el derecho a una vida escolar sin violencia” fue conformada a partir de que realizó la Defensoría del Pueblo a través del diagnóstico nacional sobre violencia y maltrato que llevó a cabo la Defensoría y sobre el acoso escolar que realizó Voces Vitales con apoyo de la Defensoría del Pueblo y Plan Internacional en el 2009.
Los resultados del estudio revelan que la violencia contra la niñez y adolescencia en el sistema educativo es aceptada, justifica y utilizada como método para educar y disciplinar frente al incumplimiento programático educativo a cargo de los docentes. “En este ámbito las autoridades educativas coinciden que el palo educa, o la enseñanza entra con sangre”, precisó.
Ahora estamos en otro escenario, pero se manifiesta lo mismo bajo otra forma, observó Villena.
Tras las palabras preliminares de Villena, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dijo que esta posición es el preámbulo necesario para poder ingresar y tener claridad en el análisis y la secuencia que hay que tener en el planteamiento educativo que se hace en este documento.
“Es un análisis sin duda que ayuda a comprender mejor cómo dimensionamos nuestra educación, nuestra formación o la instrucción en determinados ámbitos para tener una mejor sociedad que viva en paz y que viva en armonía, y que viva bien como decimos desde el principio filosófico que concentra la nueva Constitución Política del Estado en vigencia a partir de 2009”, sostuvo.
Paco agradeció el esfuerzo de la Mesa por la preparación de este anteproyecto e invitó a Lidia Rodríguez, Responsable Nacional de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, para que especifique el anteproyecto de ley.
“Según estudios realizados, la escuela se constituye como el segundo ámbito de violencia específicamente hacia niña, niños y adolescentes tanto en el maltrato físico como emotivo y psicológico dentro del ámbito escolar”, enfatizó.
“También el estudio deja en claro que se utiliza el castigo como un método de disciplina y sometimiento del alumnos en una flagrante vulneración de los derechos humanos”, agregó.
La Mesa está conformada por representantes de CARE Internacional en Bolivia, Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (CEBIAE), Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (CECASEM), Comisión Episcopal de Educación, CONSORZIO - Proyecto Suma Qamasiña, Defensoría del Pueblo, Defensa de los Niñas y Niños Internacional (DNI - LA PAZ), CEPDI-Escuela de Padres, Fe y Alegría, Fundación La Paz – Rincón del Buen Trato (RIBUTRA), Fundación REDES, Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana (PADEP), Observatorio Social de Políticas Educativas de Bolivia (OSPE-B), Plan International INC., RC, Save The Children, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Visión Mundial. La Mesa cuenta con la participación especial del Ministerio de Educación.
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jueves, 2 de diciembre de 2010
Cámara de Diputados recibe demanda legislativa por una escuela sin violencia
viernes, 12 de noviembre de 2010
Defensor del Pueblo y Plan Internacional proponen ley para procesar por vía ordinaria la agresión escolar en Bolivia
Víctima: representación de una agresión común a una menor en edad escolar.
-Proyecto en debate: Los ataques entre estudiantes serán seguidos y denunciados ante la justicia de acuerdo con la edad del presunto agresor.
Un proyecto de ley elaborado por el Defensor del Pueblo y Plan Internacional sugiere que las agresiones cometidas en las unidades educativas sean procesadas en la justicia ordinaria. De la misma manera, plantea que la violencia entre alumnos sea tratada en esa instancia judicial, de acuerdo con la edad y con un estricto seguimiento sicológico de quienes resultaran culpables, dice La Prensa.com.bo de La Paz.
La nueva propuesta normativa propone también la creación de materias escolares fuera de la currícula con contenidos preventivos en contra de la violencia, así como la organización de los estudiantes en el interior de las unidades educativas para que ellos conozcan y defiendan sus derechos cuando así lo requieran.
El anteproyecto será presentado el 18 de noviembre al ministro de Educación, Roberto Aguilar, y a los asambleístas de la Comisión de Educación y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados.
El asesor de Educación de Plan Internacional, Sergio von Vacano, explicó a La Prensa que en los 42 artículos y ocho capítulos del planteamiento legal se establece que los casos de violación en el interior de un establecimiento escolar, o de violencia física y sicológica de cualquier naturaleza, en que incurran los maestros o los compañeros de un alumno, serán remitidos a la justicia ordinaria.
Este criterio fue apoyado por la responsable nacional del Programa de Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia, del Defensor del Pueblo, Lidia Rodríguez, quien dijo que el propósito de esta propuesta es lograr que estos delitos no queden en la impunidad y, como en muchos casos, sean negociados en el interior de los centros educativos.
A fines de septiembre de este año, el cadáver de una pequeña de siete años fue hallado en la terraza del centro donde aprendía canto. Murió por un golpe en la cabeza. En julio, en el colegio Franco Boliviano de la ciudad de Santa Cruz se filmó la agresión de un grupo de estudiantes, de entre 13 y 14 años, a uno de sus compañeros en un aparente acto racista.
En abril, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Oruro denunció que de cada diez niños, al menos tres fueron agredidos en sus unidades educativas.
A principios de este mes, en la ciudad de Sucre, un infante fue internado por una complicación muscular en una pierna, que fue lastimada por un palo empleado como castigo por un profesor.
Días antes, otro educador golpeó con un cinturón a un alumno, después de que éste lanzara un limón que le llegó a la cabeza. En este último caso, el adulto fue solamente cambiado de unidad educativa.
Von Vacano explicó que haciendo un recuento de lo que se ha hecho hasta la fecha en el tema, se nota que las denuncias de acoso, violencia sexual o maltrato escolar sólo eran tratados en algunas defensorías o en los propios establecimientos.
Cuando se trataba de juzgar a un profesor, por ejemplo, éste se protegía en la Ley de Faltas y Sanciones que rige para el rubro del magisterio, por el que era sometido a un proceso administrativo que le imponía una suspensión como sanción máxima y la transferencia a otra escuela.
En las defensorías de la Niñez y Adolescencia y en instancias policiales, muchas veces la víctima es sometida a la reconstrucción del caso, en la que debe demostrar las agresiones ante el médico forense. A esto se suma que si bien el Código del Niño, Niña y Adolescente endureció algunos castigos, no existe una ley que trate la violencia en la escuela, dijo Von Vacano.
Rodríguez puso énfasis en la violencia entre pares, el llamado bullding, que se incrementó los anteriores años y que está relacionado con temas de racismo, discriminación y género, sobre todo en las ciudades capitales. La propuesta pide que estos casos también pasen a la justicia ordinaria, según la edad. Para el Código Penal, una persona ya es imputable a los 16 años.
Von Vacano dijo que algunos delitos que suceden en las escuelas no están identificados ni tipificados en el Código Penal, como los golpes con regla o con palo de regentes o maestros. Por ello, uno de los objetivos de la norma es que estas agresiones sean añadidas al Código Penal.
También, según Rodríguez, la propuesta puede constituirse en un capítulo especial para incluirse a la modificación del Código Niño y Adolescente o al proyecto de Ley Educativa Avelino Siñani.
La mitad de los alumnos es acosada
La responsable nacional de Programas de Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia, del Defensor de Pueblo, Lidia Rodríguez, informó que de acuerdo a un estudio realizado el anterior año sobre el acoso escolar en Bolivia, denominado “Derecho a una vida escolar sin violencia”, en el que también participó Plan Internacional y la Asociación de Voces Vitales, se verificó que el 50 por ciento de los estudiantes de todo el país “participa” del acoso escolar, ya sea como víctima, como acosador o como espectador.
También se evidenció que uno de cada diez estudiantes es víctima de amenazas o de coacciones de su pares por lo menos dos veces a la semana , tanto en el área urbana como rural, en establecimientos públicos como privados, y ello se da tanto entre mujeres como varones. Este tipo de acoso es algo más intenso entre los ocho y diez años de edad, pero en los cursos siguientes se mantiene el dato de uno a de diez estudiantes de cada cien.
Beni es el departamento donde se presenta mayor nivel de intimidación escolar, dos de cada 10 sufre este tipo de agresión. Cuatro de cada 10 estudiantes son víctimas de acoso social; en el resto del país uno de cada 10 estudiantes sufre este tipo de agresión.
Se estableció que para que la violencia escolar sea tipificada debe ocurrir entre pares o compañeros. Además tiene que darse en un marco de desequilibrio de poder, los episodios de agresión deben ser reiterados y la violencia debe ser intimidatoria.
Proyecto de ley
Artículo 25
“Los casos de conflicto o violencia escolar que constituyan delitos tipificados por el Código Penal y/o que den lugar a responsabilidad civil quedan excluidos del ámbito de intervención institucional establecido en la presente ley y deben ser remitidos a conocimiento de las autoridades competentes. La comunidad educativa tiene la obligación de informar y denunciar sobre la comisión de actos delictivos”.
Artículo 23
“Definir ámbitos de competencia diferenciados para el tratamiento y, en su caso, sanción de comportamientos violentos y/o delictivos que se produzcan en el espacio de la comunidad educativa”.
“El campo de aplicación de esta ley está constituido, desde el punto de vista material, por toda forma de comportamiento violento y/o conflicto, tipificado expresamente o considerado como factor de perturbación de la convivencia escolar”.
Artículo 38
“Los directores de los establecimientos educativos, los servicios departamentales de Educación (Seduca) y las autoridades educativas se encuentran prohibidos de disponer la expulsión de adolescentes embarazadas que cursen estudios, en sus establecimientos educativos y, por el contrario, se encuentran obligados a prestarles el asesoramiento y apoyo necesarios, para que las mismas continúen con el sistema regular”.
Artículo 40
“Los establecimientos de educación formal organizarán y prestarán, en forma gratuita, servicios de apoyo psicológico a favor de las víctimas de la violencia escolar como de los causantes de la misma. Estos servicios podrán ser prestados directamente por los establecimientos educativos o a través de centros especializados del sistema educativo o de la sociedad civil, previamente acreditados para tal efecto”.