En la larga lista de denuncias ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto, las más frecuentes fueron por falta de asistencia familiar, conflicto de guarda o tenencia de hijos, abandono, maltrato físico, maltrato psicológico, extravíos, abandono de hogar, violaciones, tráfico de niño, niña y adolescente, entre otras.
-Denuncias: Los casos en los que intervino la defensoría alteña superan en más de 600 a los de la gestión pasada.
El abandono y la violencia son los mayores problemas que enfrentan los niños de la ciudad de El Alto, informó la directora de Asuntos Generacionales del municipio de El Alto y Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Prima Quispe, dice La Prensa.com.bo
La Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de El Alto atendió 22.628 casos en la gestión 2010, es decir, 2.387 más que el año 2009, cuando se atendió un total de 20.241 casos.
En la larga lista de denuncias, las más frecuentes fueron por falta de asistencia familiar, conflicto de guarda o tenencia de hijos, abandono, maltrato físico, maltrato psicológico, extravíos, abandono de hogar, violaciones, tráfico de niño, niña y adolescente, entre otras.
De ellos, los más recurrentes son los maltratos, con más de cinco mil casos, y los abandonos (ver cuadro).
Sólo seis de los 14 distritos de esta ciudad cuentan con oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que no logran responder a todas las demandas que tiene la población.
Quispe explicó que en los distritos que no existen defensorías se hizo trabajos conjuntos con las sub alcaldías y retenes policiales para que esas entidades brinden apoyo a los niños y adolescentes maltratados tanto por padres como por sus tutores o padrastros.
Los casos de niños y adolescentes rescatados a causa de los excesivos abusos son remitidos al Juzgado de la Niñez y Adolescencia, que está a cargo de la doctora Amparo Lira, quien se encarga de definir las medidas en beneficio de los pequeños.
Esos niños y adolescentes son llevados al hogar de niños 24 Horas de la Alcaldía, ubicado en la zona Calama, en el Distrito 3 de la ciudad de El Alto, donde también funciona la Defensoría.
Miriam Paz, trabajadora social de esa unidad, señaló que “en ocasiones, los padres reflexionan después de abandonar a sus hijos y vienen a pedirnos que se los regresemos”. Comentó que, para ello, se les brinda ayuda psicológica a fin de que en el futuro no vuelvan a cometer el mismo error. Posteriormente, como parte del seguimiento, se los visita temporalmente para hacer una evaluación.
Quispe adelantó que existen proyectos para construir tres defensorías en los distritos alteños 7, 8 y 12, que son los lugares más marginados de esa ciudad, además de un albergue u hogar de niños en la zona 3 de Mayo, en el Distrito 3, para acoger a los menores extraviados.
Tras la evaluación anual, Quispe agradeció a todas las unidades que trabajaron conjuntamente con esta unidad para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes que en años pasados eran frecuentemente vulnerados.
Niños trabajan con “permiso”
En algunos operativos realizados por la Defensoría de la Niñez y AdolescEncia a lenocinios donde se denunció posible trata de menores, los padres de las jóvenes afirmaron que tenían permiso para “trabajar” en ese lugar.
La directora de esta institución, Prima Quispe, contó que tras los rescates, realizados junto a la Policía, las muchachas fueron llevadas a sus casas y hubo “ocasiones en que los padres nos decían ‘yo le he mandado, tiene permiso’ y eso fue una sorpresa para nosotros”. En otros casos, explicó que hallaron jóvenes que eran obligadas a permanecer en locales por parte de los dueños de éstos.
La Defensoría atendió 190 casos de trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes el 2010. De éstos, 90 fueron de chicos que eran explotados laboralmente, “trabajaban en condiciones inhumanas y a muchos no se les pagaba”.
Cuando la justicia se hace esperar
Gracias a la labor de la Defensoría de la Niñez, algunas personas que abusaron sexualmente de menores de edad llegaron a ser encarceladas, aunque, en algunos casos, los imputados de dicho crimen siguen en las calles sin el castigo correspondiente.
Uno de esos casos es el de la familia Calle, que desde agosto del 2010 reclama justicia por el abuso que sufrió una niña de trece años, proveniente de la comunidad Moco Moco, en la provincia Camacho, del departamento de La Paz.
La violación sucedió en la zona Amor de Dios de la ciudad de El Alto. El hermano de la víctima, Félix Calle, manifiesta que la menor fue secuestrada por un sujeto llamado Pastor, que se la llevó por quince días, hecho por el que ella resultó embarazada.
Félix menciona que la niña vive en el campo con sus padres, que son de la tercera edad. “Ella siempre venía a la ciudad a vender papa con mi papá y se alojaban donde nosotros. Nunca pensábamos que Pastor, que tiene una tienda en la zona, iba a aprovecharse de ella encerrándola en su casa”.
Hasta el momento se realizaron cinco audiencias y la investigación continúa. La doctora Karina Barea Márquez, del juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal, dice que en el transcurso de seis meses, que dura la etapa de investigación por parte del fiscal de materia, no se puede tomar ninguna decisión.
Mientras, Pastor tiene detención domiciliaria hasta que las investigaciones terminen el próximo mes y, con las pruebas, la juez dictará sentencia.
Derechos de los niños
La Declaración de los derechos de los niños bolivianos señala que:
Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger estos derechos implementando políticas sociales que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral.
Todo niño, niña o adolescente con discapacidad física, mental, psíquica o sensorial, además de los derechos reconocidos, tiene derecho a:
1. Recibir cuidados y atención especial adecuados, inmediatos y continuos que le permitan valerse por sí mismo, participar activamente en la comunidad y disfrutar de una vida plena en condiciones de dignidad e igualdad;
2. A la prevención, protección, educación, rehabilitación y a la equiparación de oportunidades, sin discriminación, dentro de los principios de universalidad, normatización y democratización.
Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen y, excepcionalmente, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria.
Todo niño, niña o adolescente tiene nacionalidad boliviana desde el momento de su nacimiento en el territorio de la República, al igual que los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política del Estado.
El derecho a la identidad del niño, niña o adolescente comprende: el derecho al nombre propio e individual, a llevar dos apellidos, el de su padre y de su madre, a gozar de una nacionalidad, a conocer a sus padres biológicos y estar informado de sus antecedentes familiares.
Tiene derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad como persona en desarrollo.
Como sujetos de derecho, están reconocidos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales garantizados por la Constitución, las Leyes, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales ratificados por el Estado Boliviano.
-Denuncias: Los casos en los que intervino la defensoría alteña superan en más de 600 a los de la gestión pasada.
El abandono y la violencia son los mayores problemas que enfrentan los niños de la ciudad de El Alto, informó la directora de Asuntos Generacionales del municipio de El Alto y Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Prima Quispe, dice La Prensa.com.bo
La Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de El Alto atendió 22.628 casos en la gestión 2010, es decir, 2.387 más que el año 2009, cuando se atendió un total de 20.241 casos.
En la larga lista de denuncias, las más frecuentes fueron por falta de asistencia familiar, conflicto de guarda o tenencia de hijos, abandono, maltrato físico, maltrato psicológico, extravíos, abandono de hogar, violaciones, tráfico de niño, niña y adolescente, entre otras.
De ellos, los más recurrentes son los maltratos, con más de cinco mil casos, y los abandonos (ver cuadro).
Sólo seis de los 14 distritos de esta ciudad cuentan con oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que no logran responder a todas las demandas que tiene la población.
Quispe explicó que en los distritos que no existen defensorías se hizo trabajos conjuntos con las sub alcaldías y retenes policiales para que esas entidades brinden apoyo a los niños y adolescentes maltratados tanto por padres como por sus tutores o padrastros.
Los casos de niños y adolescentes rescatados a causa de los excesivos abusos son remitidos al Juzgado de la Niñez y Adolescencia, que está a cargo de la doctora Amparo Lira, quien se encarga de definir las medidas en beneficio de los pequeños.
Esos niños y adolescentes son llevados al hogar de niños 24 Horas de la Alcaldía, ubicado en la zona Calama, en el Distrito 3 de la ciudad de El Alto, donde también funciona la Defensoría.
Miriam Paz, trabajadora social de esa unidad, señaló que “en ocasiones, los padres reflexionan después de abandonar a sus hijos y vienen a pedirnos que se los regresemos”. Comentó que, para ello, se les brinda ayuda psicológica a fin de que en el futuro no vuelvan a cometer el mismo error. Posteriormente, como parte del seguimiento, se los visita temporalmente para hacer una evaluación.
Quispe adelantó que existen proyectos para construir tres defensorías en los distritos alteños 7, 8 y 12, que son los lugares más marginados de esa ciudad, además de un albergue u hogar de niños en la zona 3 de Mayo, en el Distrito 3, para acoger a los menores extraviados.
Tras la evaluación anual, Quispe agradeció a todas las unidades que trabajaron conjuntamente con esta unidad para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes que en años pasados eran frecuentemente vulnerados.
Niños trabajan con “permiso”
En algunos operativos realizados por la Defensoría de la Niñez y AdolescEncia a lenocinios donde se denunció posible trata de menores, los padres de las jóvenes afirmaron que tenían permiso para “trabajar” en ese lugar.
La directora de esta institución, Prima Quispe, contó que tras los rescates, realizados junto a la Policía, las muchachas fueron llevadas a sus casas y hubo “ocasiones en que los padres nos decían ‘yo le he mandado, tiene permiso’ y eso fue una sorpresa para nosotros”. En otros casos, explicó que hallaron jóvenes que eran obligadas a permanecer en locales por parte de los dueños de éstos.
La Defensoría atendió 190 casos de trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes el 2010. De éstos, 90 fueron de chicos que eran explotados laboralmente, “trabajaban en condiciones inhumanas y a muchos no se les pagaba”.
Cuando la justicia se hace esperar
Gracias a la labor de la Defensoría de la Niñez, algunas personas que abusaron sexualmente de menores de edad llegaron a ser encarceladas, aunque, en algunos casos, los imputados de dicho crimen siguen en las calles sin el castigo correspondiente.
Uno de esos casos es el de la familia Calle, que desde agosto del 2010 reclama justicia por el abuso que sufrió una niña de trece años, proveniente de la comunidad Moco Moco, en la provincia Camacho, del departamento de La Paz.
La violación sucedió en la zona Amor de Dios de la ciudad de El Alto. El hermano de la víctima, Félix Calle, manifiesta que la menor fue secuestrada por un sujeto llamado Pastor, que se la llevó por quince días, hecho por el que ella resultó embarazada.
Félix menciona que la niña vive en el campo con sus padres, que son de la tercera edad. “Ella siempre venía a la ciudad a vender papa con mi papá y se alojaban donde nosotros. Nunca pensábamos que Pastor, que tiene una tienda en la zona, iba a aprovecharse de ella encerrándola en su casa”.
Hasta el momento se realizaron cinco audiencias y la investigación continúa. La doctora Karina Barea Márquez, del juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal, dice que en el transcurso de seis meses, que dura la etapa de investigación por parte del fiscal de materia, no se puede tomar ninguna decisión.
Mientras, Pastor tiene detención domiciliaria hasta que las investigaciones terminen el próximo mes y, con las pruebas, la juez dictará sentencia.
Derechos de los niños
La Declaración de los derechos de los niños bolivianos señala que:
Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger estos derechos implementando políticas sociales que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral.
Todo niño, niña o adolescente con discapacidad física, mental, psíquica o sensorial, además de los derechos reconocidos, tiene derecho a:
1. Recibir cuidados y atención especial adecuados, inmediatos y continuos que le permitan valerse por sí mismo, participar activamente en la comunidad y disfrutar de una vida plena en condiciones de dignidad e igualdad;
2. A la prevención, protección, educación, rehabilitación y a la equiparación de oportunidades, sin discriminación, dentro de los principios de universalidad, normatización y democratización.
Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen y, excepcionalmente, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria.
Todo niño, niña o adolescente tiene nacionalidad boliviana desde el momento de su nacimiento en el territorio de la República, al igual que los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política del Estado.
El derecho a la identidad del niño, niña o adolescente comprende: el derecho al nombre propio e individual, a llevar dos apellidos, el de su padre y de su madre, a gozar de una nacionalidad, a conocer a sus padres biológicos y estar informado de sus antecedentes familiares.
Tiene derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad como persona en desarrollo.
Como sujetos de derecho, están reconocidos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales garantizados por la Constitución, las Leyes, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales ratificados por el Estado Boliviano.
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